domingo, 21 de agosto de 2011

La Juventud Comunista condena la brutalidad policial en Madrid


Una vez más, nos hemos visto obligados a asistir a un nuevo ejemplo del caracter antidemocrático del Sistema capitalista. Esta vez hemos visto brutales agresiones producidas en Madrid para reprimir marchas y manifestaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno. En dichas manifestaciones se exigía un estado laico real y una separación total y efectiva del Estado y las diferentes confesiones e instituciones religiosas, en concreto entre el Estado y la Iglesia Católica.

Brutales agresiones por parte de la policía, que sin mediar ningún tipo de provocación y habiendo ocultado previamente su número de identificación agredieron gratuitamente a periodistas, jóvenes, adolescentes y a todo participante en una manifestación legalmente autorizada.

Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España queremos condenar la brutalidad policial, que traspasó los límites de cualquier estado democrático al impedir el derecho a la libertad de expresión no sólo por reprimir una marcha legalemente autorizada, sino también por agredir, intimidar e impedir realizar su trabajo a varios periodistas, fotógrafos y otros miembros de la prensa.

Por eso exigimos la identificación y procesamiento de los policías agresores.

Consideramos así mismo que en un estado que presume de democrático, la policía no debe actuar por si sola. Por lo que debemos denunciar no sólo los hechos ocurridos sino la responsabilidad política de los mismos.

El gobierno del PSOE, comenzando por el ministro de interior Antonio Camacho y la delegada del gobierno en la comunidad, Dolores Carrión tienen responsabilidad directa en estos hechos y exigimos su dimisión.

También son responsables políticos de lo ocurrido el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y otros responsables del Ayuntamiento como la concejala Ana Botella, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por intoxicar, mentir, difamar y provocar a los participantes de la JMJ para que se enfrentaran a una manifestación plenamente legal.

Este tipo de actitudes de la policía no son nuevas en España, donde cada poco tenemos que ver a compañeras/os de los movimientos sociales o de nuestra propia organización reprimidas/os, agredidas/os, juzgadas/os, multadas/os, condenadas/os por exigir una sociedad más justa. Afortunadamente, en este caso los hechos denunciados constan en decenas de videos que las/os participantes en la marcha laica grabaron y colgaron en la red. Animamos a todas/os a difundir esos videos, así como a acudir a las convocatorias de protesta que se están organizando en todo el estado, sólo con movilización y difusión podremos acabar de una vez con esta impunidad.
Contra la brutalidad e impunidad policial ¡Stop Represión!

Vídeos de la injustificable violencia policial:

lunes, 15 de agosto de 2011

Manifiesto ante la visita del Papa a la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Madrid

 A pocos meses de las visitas a Santiago y Barcelona, el Sr. Ratzinger -Benedicto XVI para los católicos, porfiando en su idea de “reconquistar” un país que ve alejarse de sus propuestas morales y religiosas, vuelve ahora a Madrid
    
     Desde el punto de vista del laicismo y de la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores. Es evidente que, a pesar de la ambigüedad calculada de la convocatoria, la “Jornada mundial de la juventud” del próximo mes de agosto en Madrid pretende congregar a miles de jóvenes católicos en torno a las enseñanzas del papa. Un acto que, cualquiera que sea su dimensión, no deja de tener carácter privado, como privadas son las creencias y sus manifestaciones.

     Lo que sí es contrario a un Estado democrático que se declara aconfesional es mezclar los asuntos del estado y asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas convicciones religiosas.

    
     Por eso, resulta escandaloso que el Gobierno contribuya con 25 millones de euros -es decir, con dinero de los impuestos de todos- a la visita del papa y a la celebración de un acto confesional, a la vez que concede exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones. A ello hay que añadir otros muchos más que están dispuestos a aportar tanto Gobierno central como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sufragando otros gastos con la cesión gratuita de numerosos servicios públicos (personal funcionario, visados, transportes, fuerzas de seguridad, utilización de espacios públicos como polideportivos, colegios e institutos, etc.).

     Esa desviación de recursos públicos para fines privados tiene especial gravedad en un momento en que tanta generosidad para con la jerarquía católica (que ya recibe por distintas vías en torno a los 10.000 millones de euros anuales) entra en contradicción con las duras restricciones en el gasto público y prestaciones sociales que todos estamos sufriendo bajo pretexto de la crisis económica. Del mismo modo, es inaceptable que en ese acontecimiento de carácter privado se impliquen y participen autoridades y cargos oficiales, que estarían en su derecho de hacerlo a título personal, pero nunca en representación de las funciones públicas que desempeñan en nombre del conjunto de los ciudadanos.

     En este caso no vale el subterfugio de que son gastos y honores debidos a un jefe de Estado. El papa Benedicto XVI no viene en representación de los escasos habitantes del Vaticano que, por otra parte, nada tiene que ver ni por su origen ni por su configuración con un verdadero Estado democrático y de derecho. Si viene a reunirse con sus adeptos en función del liderazgo espiritual que ellos en exclusiva le reconocen, en modo alguno procede el trato oficial y de privilegio dispensado por las Administraciones Públicas. Un trato que, evidentemente, no conceden a convocatorias promovidas por ciudadanos de otras creencias o convicciones ideológicas.

     Tampoco se le permitiría a ningún jefe de Estado la injerencia, incesantemente repetida por el Papa y la jerarquía católica, en asuntos políticos internos como son las propias leyes que un país se da de forma democrática (educación pública, laica, derecho a la propia sexualidad y control de la reproducción, modelos de matrimonio y familia, derecho a una muerte digna, etc.). Pues no se limitan a dar consejos morales a sus fieles, cosa legítima, sino que
pretenden convertir sus particulares visiones de la moral y de la sociedad en normas obligatorias para todos.
 
    Por eso manifestamos nuestro rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional.
     Llamamos a todos los ciudadanos que, con independencia de sus convicciones personales, reivindican un marco de convivencia en igualdad de derechos, a organizar actos en defensa de la democracia y laicidad del Estado y dirigirse a las distintas Administraciones Públicas para exigirles que obren en consecuencia y dejen de otorgar privilegios propios de épocas pasadas y herencias antidemocráticas.
*NO A LA VISITA DEL PAPA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS.

*SEPARACIÓN DEL PODER CIVIL Y DEL RELIGIOSO.

*DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, FRENTE A LA INJERENCIA CONFESIONAL